Es martes por la mañana y una notaría en la calle Sierra Bermeja, muy cerca de la Asamblea de Madrid está atestada de diputados regionales. En sus manos carpetas llenas de información económica y en su lista de tareas presentar su declaración de bienes y actividades. Los hay de todos los colores y todos están de acuerdo en que la transparencia empieza por uno mismo. Hay prisa, puesto que antes del 1 de septiembre deben haber entregado su información patrimonial en el registro del parlamento madrileño en cuya página web, a comienzos de septiembre, se publicará por primera vez. Pero antes, en aproximadamente una semana y como medida ejemplarizantes, todos los consejeros y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, expondrán en la web institucional www.madrid.org sus retribuciones, declaración de la renta y de bienes.
Hasta ahora, los diputados sólo publicaban sus nóminas y, pese a que presentaban sus declaraciones al inicio y al final de la legislatura, no eran accesibles a los madrileños. Tan sólo UPyD en la pasada legislatura optó por poner a disposición de todos su información económica. Una cuestión que ha sido bandera de todos los partidos durante la campaña electoral y que la semana pasada plasmó el PP en una propuesta para poner en marcha el Portal de la Transparencia, uno de los compromisos firmados con Ciudadanos para el pacto de investidura.
En concreto, a partir de septiembre se podrá consultar toda la información económica de los diputados de la Asamblea, desde sus declaraciones de bienes, rentas y actividades a las deudas, préstamos, hipotecas, inmuebles rústicos o urbanos, vehículos y cuentas financieras. Además, los ciudadanos podrán consultar el dinero que reciben los representantes de la Cámara por su actividad parlamentaria así como por las que sean compatibles con sus cargos públicos, como la docencia o la producción literaria, científica o artística.
Localización anónima
Junto a esta medida, que tiene el respaldo de todos los grupos con representación en el parlamento de Vallecas –PSOE, Podemos y Ciudadanos–, la presidenta regional anunció en el último Consejo de Gobierno que los primeros en presentar su patrimonio serán los consejeros y que lo harían en dos semanas, por lo que está previsto que la declaración de la renta de Cifuentes y su equipo sea pública la próxima semana. Según la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid el equipo de Gobierno de la presidenta debe presentar una declaración notarial de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones en los dos meses siguientes a la fecha de la toma de posesión y también de la de cese el cargo.
A esta declaración se debe acompañar la última declaración de la renta y del impuesto sobre el Patrimonio. Según explicó Cifuentes, de estos documentos tan sólo se omitirá la localización de los bienes patrimoniales, para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares. Asimismo, también se incluirá en el Portal de la Transparencia la retribución de la presidenta y de los consejeros, información que está disponible desde el pasado mes de febrero. Es más, Cifuentes propondrá una revisión de la normativa regional vigente para adecuarla a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y a la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo.
En su programa electoral, el PP llevaba esta medida en su punto 269 pero, además, Cifuentes se comprometió con C’s a poner en marcha toda una batería de propuestas que «engordarán» los contenidos del prometido Portal de la Transparencia y la página web institucional de la Asamblea de Madrid. Entre ellas estará la publicación anual de la rendición de cuentas relativas a las subvenciones destinadas a los diferentes grupos parlamentarios y la publicación semestral de la memoria de actividad parlamentaria de los diputados de los diferentes grupos políticos que, junto a la publicación en tiempo real de las agendas institucionales de todos los diputados autonómicos supondrá un seguimiento exhaustivo del trabajo de los representantes madrileños y en qué gastan sus asignaciones.
Tras una arduas negociaciones con Ignacio Aguado, Cifuentes se comprometió también a la creación de un registro de grupos de interés o lobbys en la Asamblea y asumió la obligación de que cada Consejería, junto con sus organismos dependientes, publiquen periódicamente en la web la relación de empresas adjudicatarias de todos los contratos públicos, así como sus importes. Y, en el caso de los concursos públicos, Ciudadanos exigió plena accesibilidad a toda la documentación en los procesos de adjudicación y contratación pública, así como conocimiento de las personas participantes en cada uno de los procesos de contratación pública.
